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61 MIL SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CDMX SE HAN CAPACITADO EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

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21 de noviembre de 2018 | Boletín: CPCE-F/1071/2018 

Ciudad de México.- En tan sólo tres semanas, 61 mil 674 funcionarios capitalinos han aplicado y aprobado el curso en línea “Introducción al Estudio de las Responsabilidades Administrativas de las Personas Servidoras Públicas y Particulares en la CDMX”, enfocado a la difusión y conocimiento de las disposiciones relativas a las faltas y sanciones aplicables en el ejercicio del servicio público de la CDMX.  

Se trata de una línea de acción del trabajo coordinado entre la Secretaría de la Contraloría General CDMX (SCGCDMX), la Procuraduría General de Justicia (PGJ), el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a través del Consejo de la Judicatura, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Auditoría Superior capitalina, entes que esta mañana concluyeron su programa de trabajo correspondiente a 2018 con respecto a la debida implantación del nuevo régimen de responsabilidades administrativas.

Una acción fundamental del grupo de trabajo, asimismo, fue la capacitación de 275 personas servidoras públicas adscritas a estos entes anticorrupción, facultadas para la aplicación y operación de dicho ordenamiento, entre ellas contralores internos; personal de las áreas de investigación, quejas y denuncias; auditores; fiscales, entre otros.

“Buscamos que mediante la formación, profesionalización y capacitación los servidores públicos facultados en la aplicación del nuevo régimen de responsabilidad administrativa y penal cuenten con los conocimientos suficientes y necesarios”, expuso durante su intervención el titular de la SCGCDMX, Eduardo Rovelo Pico.

La vinculación interinstitucional, agregó, fue valiosa al compartirse conocimientos y experiencias en aras de la aplicación eficaz del nuevo marco jurídico en materia de combate a la corrupción. 

Cabe referir que dicho marco normativo, aprobado por la entonces Asamblea Legislativa en septiembre de 2017, establece entre las faltas administrativas graves de servidores públicos el desvío de recursos públicos, conflicto de interés, enriquecimiento oculto, tráfico de influencias, encubrimiento y cohecho. Los particulares asimismo podrán ser objeto de sanciones por faltas como el soborno, tráfico de influencias y colusión.   

En el salón presidentes del TSJ se desarrolló la última de una serie de conferencias sobre diversos aspectos de la impartición de la justicia administrativa y el combate a la corrupción, como parte de las acciones de este grupo de instituciones.

Invitado al evento, Carlos Castillo Pérez, diputado presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción en el Congreso capitalino, refirió que las instituciones reunidas esta mañana son la piedra angular para combatir la corrupción y deben ser implacables, tras lo cual anunció que entre las recientes reformas al sistema anticorrupción se cuenta aquella de que las solicitudes de transparencia que ingresen se harán públicas.

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