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Durango: Manifiesto de los particulares de no conflicto de interés.

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Durango, Dgo.- María del Rosario Castro Lozano, titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Durango, este día, en rueda de prensa dijo que derivado de la Ley General de Responsabilidades Administrativas a partir del 19 de julio de 2017, tratándose de contratos de adquisiciones, arrendamientos,  enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza  y de obra pública, se obliga a los particulares a manifestar por escrito bajo protesta de decir verdad que no desempeñan funciones en el servicio público, dichas manifestaciones deberánpresentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad.

Ahora bien, explicó que en caso de que los particulares se vinculen con faltas administrativas graves se podrán imponer sanciones tales como:

  • Tratándose de personas físicas: inhabilitación para participar en procedimientos administrativos  y en caso de que se cause un perjuicio económico al Estado se deberá indemnizar en su totalidad, inclusive con sanciones económicas de hasta el doble del monto del daño realizado.
  • Tratándose de personas morales: además de las sanciones anteriores, se podrá imponer la suspensión de actividades y la disolución de la sociedad.

Indicó la funcionaria estatal que de igual forma, la Ley General de Responsabilidades Administrativas obliga a los servidores públicos, a cerciorarse antes de la celebración de contratos que el particular realice la manifestación de ausencia de conflictos de interés, y de no hacerlo incurrirá en falta administrativa, por lo que en caso de ser omisos, se les podrá imponer como sanciones la suspensión del empleo, destitución e inhabilitación para desempeñar empleos en el servicio público.

No debiendo pasar por alto que el servidor público que no se excuse de intervenir en asuntos donde tenga conflicto de interés o bien oculte el mismo, comete una falta administrativa grave la cual podrá ser sancionada con suspensión, destitución, sanciones económicas e inhabilitación para ejercer cargos en el servicio público a nivel nacional, hasta por 20 años, y en caso de que se cause un perjuicio económico al Estado se deberá indemnizar en su totalidad, inclusive con sanciones económicas de hasta el doble del monto daño realizado. Finalizó.

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