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Jalisco: Capacitan a servidores públicos sobre Ley de Responsabilidades.

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Con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas el pasado 19 de julio y la expedición de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco el 27 de septiembre del presente año,

la Contraloría del Estado ha mantenido una constante capacitación para los servidores públicos, con el objetivo de dar a conocer las directrices de estas leyes, su aplicación, alcance e interpretación, así como la distribución de competencias entre los órdenes de gobierno.

Además como parte de las actividades para el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) emprendió una jornada de formación especializada dirigida a las Dependencias del Ejecutivo y a los Órganos Internos de Control de los diferentes Organismos Públicos Descentralizados (OPD).

La denominada “Jornada de Inducción a la Ley General y Estatal en Materia de Responsabilidades Administrativas, por lo que ve a los temas de Investigación Administrativa, Procedimiento de Responsabilidad Administrativa y Declaraciones” tuvo una duración de dos días en los cuales se abordaron temas de inducción en Materia de Situación Patrimonial, de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal, así como en Materia de Denuncias Administrativas en el Marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; además se impartieron temas referentes a Procedimientos de Responsabilidad por Faltas no Graves.

La instrucción estuvo a cargo del personal de  la Dirección General Jurídica de la Contraloría encabezada por el Maestro Avelino Bravo Cacho, quien enfatizó que las nuevas leyes son la columna sobre la cual se sustenta el combate a la corrupción a nivel estatal en el marco de la implementación del SEA; puntualizó que la capacitación es parte de la política pública del Gobierno de Jalisco para cumplir con una administración transparente en la rendición de cuentas a la ciudadanía, asimismo, comentó que esta es indispensable para que los servidores públicos tengan conocimiento de la normatividad, misma que constituye un nuevo modelo de responsabilidades con el que se pretende prevenir, combatir y sancionar faltas administrativas, así como hechos de corrupción.

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